Los cambios que trae la nueva generación de Ser Pilo Paga

 

Con cambios llegó la cuarta generación de Ser Pilo Paga, el programa bandera en educación del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Como todos los años, por esta fecha, el mandatario anunció la convocatoria para el periodo siguiente.

Serán 10.000 estudiantes ‘pilos’ más los que se sumarán a las versiones anteriores. Es decir, para el próximo año se cumplirá la meta propuesta de llegar a 40.000 jóvenes de bajos recursos económicos que acceden a la educación superior de alta calidad a través de las becas que otorga el Estado.

“Estamos convencidos de que no hay una mejor política para impulsar la equidad y construir la paz que apostarle a la educación”, expresó el presidente Santos y explicó que el programa no solo les ha cambiado la vida a miles de estudiantes de bajos recursos económicos y a sus familias: también es una herramienta que impulsa el progreso del país.

Y añadió que Ser Pilo Paga ha tenido tal impacto positivo en la sociedad colombiana que se está buscando, por medio de un proyecto de ley, que sea una política de Estado; es decir, que se sostenga en el tiempo y no dependa del gobernante de turno.

Sin embargo, para que así sea y con el objetivo de mejorar el programa, se introdujeron algunos cambios, principalmente para calmar las críticas que han llegado desde distintos sectores de la educación; por ejemplo, desde las universidades públicas.

Estamos convencidos de que no hay una mejor política para impulsar la equidad y construir la paz que apostarle a la educación

Es por eso que los nuevos admitidos serán incentivados para que privilegien a las universidades públicas, con el fin de que haya un equilibrio con respecto a las privadas. Y es que de los más de 30.000 estudiantes 'pilos' que tiene el país, el 82 por ciento se encuentra en universidades privadas y el escaso porcentaje restante (18 por ciento) en públicas, según las cifras más recientes del Mineducación.

Y ese desequilibrio es el que ha motivado el reclamo de los rectores de las universidades públicas y de otros sectores de la academia: que este programa, que utiliza recursos públicos, termina favoreciendo a las universidades privadas y que el dinero que se invierte en el mismo se debería destinar a las públicas.

De las 47 instituciones acreditadas dentro del programa, solo 15 son públicas. Así que este año la convocatoria busca incentivar que mínimo el 30 por ciento de los jóvenes adjudicados ingresen a universidades públicas.

 

Por ejemplo, ahora tendrán dos semestres de plazo para inscribirse a una universidad pública de su elección después de graduarse del colegio (antes era solo uno). Además, la inscripción será gratuita para presentarse en todas las públicas que hacen parte del programa.

Otro de los incentivos es un reconocimiento de medio salario mínimo adicional al apoyo de sostenimiento para gastos académicos, dotación, salidas de campo y transporte, para los jóvenes que accedan a instituciones públicas (en general se entrega un salario mínimo vigente para quienes viven con su familia en la misma ciudad y 1,5 para los foráneos).

Pero no solo se verán incentivados los estudiantes, sino también las universidades, según el Ministerio de Educación. Además de que llegarán más estudiantes ‘pilos’, se redefinirá la metodología para calcular el valor que se les pagará a las instituciones públicas por cada estudiante de ‘Ser Pilo Paga’ que sea admitido con el objetivo de nivelar el valor promedio que se paga por cada uno, entre instituciones oficiales y privadas.

Las universidades privadas se comprometieron a que la matrícula no crecerá por encima del Índice de Costos de la Educación Superior. “De esta manera, contribuyen a que el programa sea financieramente sostenible en el tiempo", expresó Santos.

 

Voces inconformes

Ante el anuncio del Gobierno, EL TIEMPO habló con rectores y vicerrectores de universidades públicas. Aunque resaltan ciertos puntos de los cambios, aún siguen insatisfechos.

El rector de la Universidad Pedagógica de Colombia, Adolfo Atehortúa, quien ha encabezado las críticas al programa e inclusive convocó a marchas en el país hace unas semanas, expresó que con Ser Pilo Paga se amplía la inequidad, pues solo favorece al 2% de los bachilleres del país. Con similar presupuesto podría ampliarse la oferta educativa de las universidades estatales.

"Justamente, el reclamo no es frente a los estudiantes del programa ni frente a las universidades no oficiales; el problema es que el Programa está arrebatando los recursos del antiguo CREE que antes se destinaban a la Educación Superior Pública", explicó Atehortúa.

Otro reconocido crítico de Ser Pilo Paga es el rector de la Universidad del Valle, Edgar Varela, quien aseguró: “el problema de fondo del programa es que hasta ahora no tiene una fuente de financiación propia y estable y ha venido utilizando recursos que originalmente se venían destinando a las u. públicas. Nosotros consideramos que si el gobierno quiere avanzar en el programa debe buscar una fuente de financiación distinta”.

También expresó que le parece bien que les den incentivos a los jóvenes para que elijan las públicas; sin embargo, explicó que el problema está en que los ‘pilos’ no entran a estas instituciones porque no quieran sino porque los resultados de las pruebas Saber no son suficientes o porque no pasan las pruebas de ingreso.

Por su parte, Gerardo Mejía, gerente financiero y administrativo de la Universidad Nacional, coincidió con el rector de la Universidad del Valle en que la discusión no es solo que los estudiantes elijan las universidades privadas por encima de las públicas, sino de dónde salen los recursos para el programa Ser Pilo Paga.

En cuanto al incentivo del medio salario, Mejía expresó que es un buen comienzo pero que “lo importante es que no se vuelva un mayor endeudamiento de los muchachos”. También ve como positivo que se den hasta dos semestres para que los muchachos se presenten en las públicas.

El gobierno está mintiendo descaradamente en su propaganda y jugando con las ilusiones de 200.000 jóvenes que cada año se quedan sin ingresar a la educación superior.

 

El experto en educación, Julián de Zubiría, expuso con fuertes palabras sus críticas al programa: "El gobierno está mintiendo descaradamente en su propaganda y jugando con las ilusiones de 200.000 jóvenes que cada año se quedan sin ingresar a la educación superior. Solo le va a cumplir a 10.000 de ellos. ¿Qué le dice a los otros 190.000 que se quedarán sin estudios universitarios?".

Según de Zubiría, lo que se debería hacer es convertir Ser Pilo Paga en un programa que ayude a consolidar la paz, la descentralización y la equidad. "Para ello es necesario que se asignen cupos por regiones y que pasemos de pensar en seleccionar "pilos" a fortalecer a nivel financiero, pedagógico y en autonomía y calidad, las universidades "pilas" oficiales y regionales".

Por último, concluyó: "Es claro que si el programa "bandera" de este gobierno ofrece educación al 2% de los egresados del bachillerato, es porque nunca ha sido para este o el anterior gobierno ninguna prioridad la educación".

 

tomado de: El tiempo.com

url: http://www.eltiempo.com/vida/educacion/cambios-de-la-nueva-version-del-programa-ser-pilo-paga-149374

Mapa: zonas donde se concentran los indígenas y campesinos del país

Los primeros participan de la Minga, en diferentes regiones. Los segundos se ubican en el Catatumbo.

 

tomado de el tiempo 

url: http://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/zonas-bloqueadas-por-el-paro-campesino-146396

Síntesis de las conclusiones de la XX Asamblea General Federal de Fecode

Asamblea 1

Luego del análisis y el debate de cada uno de los temas de la agenda aprobada en seis comisiones, vía consensos y disensos, la XX Asamblea General a la plenaria final donde se revisaron y aprobaron todos los puntos consensuados en las diferentes sesiones de trabajo, entre otros: 

1. El análisis de la situación política nacional e internacional y, a ese respecto, la Declaración Política de la XX Asamblea.
2. La resolución de apoyo a los procesos de paz y la solución política negociada y el rechazo a los asesinatos de líderes sociales.
3. La resolución de respaldo a la lucha que vienen llevando a cabo los pilotos de ACDAC y contra la intransigencia patronal.
4. En materia de política educativa, dimensionar que la esencia del Movimiento Pedagógico es la defensa de la educación pública, la construcción colectiva de una política educativa alternativa que confronte a la neoliberal y sus efectos privatizadores, la mercantilización, desfinanciación, despedagogización y desprofesionalización. 
5. Fecode y sus filiales regionales deben liderar la organización y consolidación del Frente Social Amplio por la Financiación de la Educación Pública. 
6. Emprender la preparación del Tercer Congreso Pedagógico Nacional.
7. Continuar con el trabajo de fortalecimiento de la propuesta de la Escuela como territorio de Paz.
8. Seguir trabajando por consensuar el Estatuto Único Docente, que dignifique a los profesionales de la educación, basado en los principios de garantía universal de ingreso, estabilidad, permanencia y retiro; siendo la columna vertebral, el escalafón fundamentado en los tres criterios planteados y defendidos por la Federación: Títulos, tiempo de servicio y producción académica; reconociendo las particularidades étnicas, geográficas y sociopolíticas, dando especial atención a la situación de los etnoeducadores. 
9. Rechazar todo tipo de evaluación de carácter punitivo, sancionatorio y fiscalista, dándole a esta un perfil diagnóstico formativo.
10. Exigir al Gobierno Nacional, la Fiduprevisora y los contratistas, la prestación de un servicio de salud en correspondencia con el nuevo pliego de condiciones, que los organismos de control vigilen la ejecutoria de los mismos y la situación presentada en las regiones 4 y 7. De igual forma, exigimos la financiación del FOMAG sin afectar los recursos de los FONPET, el reconocimiento y pago puntual de las prestaciones económicas de ley, así como la modificación y aplicación rápida del Decreto 1655 de 2015.
11. Seguir avanzando en el proceso de unidad sindical en el marco de la campaña nacional de afiliación y fortalecimiento de los sindicatos regionales filiales, el rechazo al paralelismo sindical y la exclusión de los procesos electorales a los sindicatos que no estén a paz y salvo con la tesorería Federal.
12. Convocar la elección del nuevo Comité Ejecutivo de Fecode para el 21 de septiembre de 2018.
13. Fortalecer en el presupuesto de la Federación el rubro para el Fondo Pro Huelga, en el mismo sentido, los atinentes a la próxima elección del Ejecutivo y el Ceid Nacional.
14. Exigir el cumplimiento de los Acuerdos firmados por el Gobierno Nacional con Fecode y en tal sentido, mantenernos en estado de alerta y prestos a la movilización y la lucha.

La anterior es una síntesis apretada de lo analizado, debatido y aprobado en la XX Asamblea General de Fecode. En los próximos días se editará y publicará un folleto para los afiliados a los sindicatos regionales con todas y cada una de las conclusiones, resoluciones y la declaración política del máximo evento de Fecode.

 

tomado de FECODE

url: http://www.fecode.edu.co/index.php/noticias-principales-3

 

DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, HUELGA Y JORNADA DE MOVILIZACIÓN Y PARO 12 DE OCTUBRE.

 
 
 
CIRCULAR CUT BOGOTÁ 

PARA:                       SUBDIRECTIVAS Y SINDICATOS NACIONALES

 

DE:                            COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

 

ASUNTO:                 DEFENSA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA, HUELGA

Y JORNADA DE MOVILIZACIÓN Y PARO 12 DE OCTUBRE.

 

 

Apreciados compañeros:

 

En ocasión al conflicto colectivo que enfrenta ACDAC con el Holding del transporte aéreo Avianca, se ha puesto en evidencia la gravísima acción que gobierno y empresa han emprendido para la ilegalización de la huelga, con argumentación infundada que incluso ocasionó un pronunciamiento del Director de la OIT Región Andina, por medio del cual reclama del gobierno de Colombia acción emprendida hacia el real cumplimiento de los convenios 87, 98 y 154, adoptados y ratificados por Colombia.

 

Por lo expuesto, el Comando Nacional Unitario con otro importante número de organizaciones sindicales, decidió orientar a todas las afiliadas para que mediante acción de respaldo y denuncia, se efectúen mítines o plantones en los aeropuertos regionales, el próximo lunes 9 de octubre, a las 4:00 de la tarde.

 

Como conclusión de las diversas jornadas desarrolladas por la Coordinación de Organizaciones Sociales, COS, y el Comando Nacional Unitario, CNU, se determinó la Gran Jornada Nacional de Movilización y Paro, para el día 12 de octubre, como consecuencia de la grave situación generada por la política económica y social del gobierno, el incumplimiento a acuerdos firmados con el conjunto de organizaciones sociales y sindicales, entre otros graves hechos, que se registran en el informativo CUT 113, último editado. Por lo expuesto, debemos participar activamente en la organización y desarrollo de la Jornada Nacional precitada, en especial, en las capitales de departamento. En Bogotá, 9:00 horas, Centro  Administrativo Distrital hasta la Plaza de Bolívar.

Solicitamos coordinar con CGT y CTC, para acciones conjuntas y en donde no sea posible, realizar el plantón con nuestras organizaciones afiliadas, para registro y publicidad enviarnos resumen de la actividad, preferentemente videoclip.

 

 

 

LUIS ALEJANDRO PEDRAZA BECERRA                 FABIO ARIAS GIRALDO

Presidente                                                                           Secretario General

 

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¿Qué hay detrás de la masacre de campesinos en Tumaco?

Masacre de campesinos en Tumaco: qué se sabe

Aunque le falta más de una pieza al caso y en eso será clave esclarecer quién fue el que disparó contra los civiles, queda el sin sabor de una estrategia contra el narcotráfico que nada que empieza a arrojar resultados.

Al sur del país se encuentra Tumaco, un municipio inundado de coca y de problemas que salieron a flote por los trágicos hechos que se registraron este jueves. En medio de las protestas que buscaban impedir la erradicación de cultivos ilícitos, murieron civiles y quedaron decenas de heridos. La situación es, por decir lo menos, confusa y preocupante.

El número de personas asesinadas después de 24 horas aún está por determinar, el Gobierno confirmó seis personas, pero las organizaciones sociales insisten en que serían 15. La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), por ejemplo, asegura que el número podría crecer debido a que muchos fueron trasladados a Ecuador y "no hay información de su paradero y estado".  Era más fácil pedir auxilio a diez minutos que los separan del vecino país que a la propia cabecera municipal colombiana. Esta última tarea se habría demorado tres horas.

A las 10 de la mañana del 5 de octubre más de 1.000 campesinos avanzaban por la zona selvática de Alto Mira -se habla de la vereda Puerto Rico y Tandil- tratando de impedir la erradicación de la mata de coca en un pulso con la Policía. Hasta ahí coinciden las distintas versiones que después se contraponen.

El brigadier general William René Salamanca, comandante de Regional IV de la Policía, explicó a La W Radio que desde que llegaron –el 1 de octubre- la presión fue evidente, desactivaron minas antipersonales e incluso fueron atacados “con tatucos que detonaron a los costados de las tropas” y por eso llegó en un helicóptero apoyo del Esmad.

"Alias ‘Guacho‘ y su grupo de GAO residual de la Daniel Aldana de las Farc lanzaron al menos cinco cilindros bomba contra los integrantes de la Fuerza Pública y contra la multitud, que se encontraba en el lugar, y luego atacaron con fuego indiscriminado de fusiles y ametralladoras a los manifestantes y a las autoridades”, indicaron la Policía y el Ejército en un primer comunicado.

Pero los campesinos tienen otra versión. Según cuenta Coccam, no estaban armados y solo realizaban un cerco humanitario para impedir que se hiciera la erradicación y “esta (la Fuerza Pública) sin mediar palabra abrió fuego de forma indiscriminada contra la población”.

La gran pregunta es de dónde vinieron las balas. Ante este interrogante el brigadier general dijo: “no puedo apresurarme a las investigaciones de la Fiscalía”. Aunque el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, haya descartado la responsabilidad de sus tropas. “La versión que me dieron es que cuando comenzó la situación, se replegaron los miembros de la Fuerza Pública y como están acostumbrados a esos hechos, se atrincheraron y respondieron el fuego. Entonces, estaban protegidos”, dijo el presidente Juan Manuel Santos luego de presidir una reunión de alto nivel con la cúpula militar en Bogotá. A su juicio: “nuestra Fuerza Pública no dispara contra civiles”, dijo. Y agregó que lo ocurrido en este territorio es objeto de investigación.

Por otra parte, una fuente de Tumaco le explicó a SEMANA que hay otra hipótesis de lo ocurrido: “El Esmad lanzó gases lacrimógenos y los campesinos en defensa lanzaron los recipientes que quedaron, la Policía reacciona al pensar que están siendo atacados y disparan”. Wilson Baraona, uno de los sobrevivientes por otro lado, relató que "nosotros estábamos encerrándolos para que no nos arrancaran las matas de coca, entonces comenzaron los antimotines a dispararnos gases lacrimógenos, nosotros nos corrimos y nos tapamos la boca, después nos empezaron a disparar (...) de los campesinos no salió ninguna bala". Más allá de las dos versiones, lo cierto es que en Tumaco ocurrió una masacre de civiles y quien quiera que haya disparado deberá responder.

 

Escudos humanos

En el contexto de Tumaco, las denuncias de los campesinos se las ha llevado el viento. "En esa zona va a haber una tragedia. Le pedimos que acelere la sustitución de cultivos ilícitos y la erradicación", le dijeron los habitantes de Tumaco al vicepresidente Óscar Naranjo hace quince días. En sus manos no tenían pruebas para contagiarle lo que sentían, aunque en el fondo presentían lo peor.

El cercó humanitario que un grupo de campesinos sembró para evitar que avanzaran las tropas que habían llegado con la firme tarea de arrancar las matas de coca de quienes no se acogieron a los programas de sustitución, empezó a dejar una estela de mal olor. El 28 de septiembre centenas de campesinos llegaron a instalarse en ese punto de Puerto Rico, donde este jueves ocurrió la masacre.

Estaban cargados de provisiones. Las jornadas serían largas y no se acabarían hasta que una de las dos partes diera su brazo a torcer. Hombres, mujeres y niños llevaban más de ocho días defendiendo una causa suya, pero también ajena. Desde hace tiempo en Tumaco se comenzó a cocinar la tormenta perfecta para que la violencia se reciclara. La pista más contundente se sembró ese jueves cuando un grupo de campesinos se asentó en la zona de Puerto Rico (Tumaco) para evitar que un grupo de policías arrancaran las matas que venían sembrado en sus predios desde hace un tiempo. Ese fue el primer día del encuentro.

Fue al final de una semana de tensiones cuando la cuerda se rompió por el lado más frágil. Esa fue la sensación con la que se quedaron aquellos que salieron vivos de los hechos y de quienes no aceptaron presiones para llegar hasta el lugar. Aunque la Asociación de Juntas de Acción Comunal de los ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) argumenta que quienes participaron en el plantón lo hicieron voluntariamente, en la cabecera de este municipio nariñense muchos sienten que a la historia le falta una pieza.

"La propuesta era sacar 30 personas por comunidad para ir a pelear con la fuerza pública. Tocaba dormir, cocinar y acampar en el monte. La comunidad que decidía no ir, tenía que pagar una canción de 50.000 pesos diarios y si no iban les quitaba las fincas, les minaba los cultivos y los caminos", les dijeron a más de 400 asistentes que el 19 de septiembre se reunieron en la vereda Puerto Rico. Ese fue el segundo encuentro después de que un hombre identificado como Cachí los reuniera para socializar "el plan de trabajo" que tenía en mente contra la erradicación forzada.

Los encuentros a los que obliga Cachí -un hombre de unos 27 años que según la comunidad tiene el control del negocio del narcotráfico en la zona- vienen de tiempo atrás. "El 20 de septiembre empezó al trabajo de comunidad en comunidad movilizándose con gente armada. Él seguía con su plan y le dijo a cada comunidad que si no aceptaban les iba a matar dos personas", relata una fuente.

Como parte de todo el rompecabezas que está por armar, la ocupación territorial es un ingrediente que también genera divisiones. Además de las comunidades afros asentadas en las zonas, hay una larga lista de colonos que llegaron por la bonanza de la coca como cultivadores o raspachines. Esa es una de las razones que explica el porqué entre los muertos "no hay nadie de ese municipio sino víctimas de Caquetá, Putumayo y Antioquia".

El negocio es simple: mientras las autoridades intentan sacar adelante los planes de sustitución con los pequeños campesinos dueños de una o dos hectáreas, atrás, en las profundidades del territorio, sigue floreciendo el negocio que no tiene cara de desaparecer. Cultivos industriales es como identifican las autoridades las grandes extensiones de tierra de hasta 100 hectáreas donde los narcotraficantes siguen haciendo de las suyas. Los campesinos son el escudo mientras que los grandes productores protegen su siembra con cercas de minas antipersonales y pequeños grupos de hombres armados.

Para Jean Arnault, jefe de la Misión de la ONU en Colombia, lo sucedido en este municipio muestra "la necesidad de propiciar por todos los medios posibles que campesinos de las regiones afectadas por el consumo de coca puedan escapar de la disyuntiva mortal, en el caso de ayer, entre la pobreza y la ilegalidad".

Nada que cede la lucha contra el narcotráfico en el pacífico. La carta que se intentó jugar el Gobierno teniendo a las Farc de su lado no le arrojó muchos resultados, al menos en esa región. Con el asesinato de Genaro García, los habitantes de Tumaco sienten que la columna Daniel Aldana se salió del redil de la exguerrilla y "está más viva que nunca". Una situación que se afianzó cuando al frente de la zona veredal pusieron fue a hombres de la columna Mariscal de Sucre de las Farc.

"Allá se quedaron los grandes comandantes, pero los chiquitos se fueron a engrosar los grupos que hay en la zona", explica un habitante para quien la "violencia está peor que cuando la guerrilla estaba armada". Los habitantes, en principio, se refieren a tres hombres que después de enfrentarse entre sí, se habrían puesto de acuerdo para controlar y regular el mercado: ‘Guacho‘, un exguerrillero de las Farc; ‘Contador‘, miembro del Clan del Golfo y un llamado narco puro ‘Cachi‘.

Más allá de los cultivos que aparentemente estaban defendiendo esta semana, la joya de la corona es el corredor estratégico que en ese puerto representa el Alto Mira. Las vías son terribles, no hay señal de comunicación pero sí hay ríos para transportarse. "Dos indígenas identificados como Jaime Guanga Pai y Alfonso Taicus Guanga se encuentran entre las víctimas mortales de la masacre de Alto Mira y Frontera", explicó la Unidad Indígena del Pueblo Awá (UNIPA). Además, se habla de un menor de edad que también habría muerto por impacto de bala. "Pasó lo que se sabía iba a pasar, eso que tanto se había advertido en diversos espacios donde se ha abordado el tema de la sustitución" agregaron. La última palabra la tendrá Medicina Legal, no sólo cuando revele la causa de muerte, sino también el número exacto de asesinatos.

Desde que comenzó la erradicación, en marzo pasado, van más de 1.500 hectáreas destruidas. La mala noticia es que la resiembra crece a la par. Matas de un verde brillante se ven a ras del piso por todas partes. Aquí nadie se llama a engaños. La propia Policía calcula que el éxito de su tarea será del 15 por ciento y lo constató SEMANA durante una visita a la zona. Es decir que por cada 1.000 hectáreas erradicadas, los campesinos volverán a sembrar 850. Saben que esta es una solución temporal. La definitiva tendrá que venir de la mano del desarrollo rural. Una promesa plasmada en el acuerdo de La Habana, por cuenta de la cual, aún no se ha arrancado la primera mata de coca. La erradicación forzada va rápido pero la resiembra también.

El problema se acentúa si se tiene en cuenta que el programa de sustitución de cultivos que lidera el Ministerio del Posconflicto avanza a paso de tortuga. Aunque hace meses las comunidades firmaron una carta de intención colectiva, poco avanzan los acuerdos individuales.

"Los problemas de Tumaco van muchos más allá que sólo erradicar unas cuantas hectáreas y por eso es que no hemos pedido llegar a una solución acertada para reintegrar esos territorios al desarrollo (...) este es un momento importante para replantear la meta de las 50.000 hectáreas erradicadas manualmente por año", manifestó el analista Daniel Rico sobre un método que ha dejado más de 240 muertos y más de 1.000 heridos amputados.

Pese a la dura batalla que libra el Gobierno con el narcotráfico en ese territorio, que se ha convertido en el plan piloto del posconflicto, urge esclarecer los hechos que se presentaron este domingo. Los asesinatos contra civiles no se pueden minimizar y para esto es urgente saber quién o quiénes dispararon contras los civiles. Con toda la presencia institucional que ha llegado a Tumaco, una respuesta contundente no podrá tardar más. Pero si la arremetida llegó por parte de la fuerza pública también tendrán que rendir cuentas por sus actos. Sin duda esta masacre confirma, como ocurrió en 53 años, la vulnerabilidad de la población civil en zonas de conflicto.                                           

La masacre de un puñado de campesinos en Tumaco devolvió a Colombia a la perpetua historia de un fracaso, que no deja más triunfos pírricos. Combinar los tonos de la lucha antidroga, como una respuesta al indiscriminado crecimiento del número de áreas sembradas, nos refrescó la memoria y nos dio un amargo trago de violencia. Erradicar a la brava es tan nocivo como no llegar con los procesos de sustitución a tiempo.

 

Tomado de: semana.com

url: http://www.semana.com/nacion/articulo/masacre-de-campesinos-en-tumaco-que-se-sabe/543050